LAS URBANIZACIONES ILEGALES EN ANDALUCÍA

  D. José Chamizo

  Defensor del Pueblo de Andalucía

 

Nota.- Ésta es una trascripción de la conferencia pronunciada en las III Jornadas del Patrimonio; La Laja, lo único que ha hecho es destacar en negrita algunas frases que nos han parecido más importantes o llamativas.

Quiero trasladaros algunas reflexiones que me suscita el programa de las Jornadas.

En primer lugar, me parece oportuno que se trate la problemática que plantea el diseminado rural. Durante siglos, y los que somos mayores lo hemos conocido no hace tanto,  la presencia de algunas pequeñas viviendas aisladas que salpicaban nuestro territorio ha formado parte de la imagen colectiva que todos poseemos del paisaje andaluz.

Se trataba de viviendas, otras veces de viviendas-cortijo o meras casas de aperos que de manera muy aislada se construían en la finca y cuya edificación venía justificada por la necesidad de atender las tareas del campo.

Hoy, la situación ha cambiado drásticamente ya que proliferan sin cesar inmuebles construidos sin licencia de obra para ser destinados, la mayoría de las veces, a segunda residencia; hecho éste que, dada su cotidianidad, amenaza y destruye nuestro paisaje sin que los agresores, y a veces las administraciones, hayan mostrado el más mínimo respeto por las prescripciones de la legislación urbanística y del derecho penal.

Es tiempo y hora de que esta situación cambie drásticamente y se acabe con la, cuando menos aparente, impunidad en la que se vienen realizando tales agresiones.

Preocupados por esta situación, desde la Oficina, en los dos últimos años hemos mantenido encuentros con las Redes Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía tratando de buscar las vías para tutelar nuestro territorio.

Estas Redes Fiscales solo existen en Andalucía; la última reunión la hemos mantenido en Granada no hace mucho y, entre otras conclusiones, desde la Oficina vamos a solicitar determinados cambios en el Código Penal. Ya se ha remitido el escrito a la Presidencia del Parlamento y esperamos que pronto podamos comparecer.

Creemos que con todo esto se han dado pasos en la dirección correcta y esto en un doble sentido; de un lado, creemos que está creciendo la sensibilidad de la sociedad y también, justo es reconocerlo, a pesar de que pueda extrañar, también de algunos Ayuntamientos, ante las gravísimas consecuencias que tiene la ejecución de estos planes de edificación al margen de la legalidad aplicable.

Y, por otro lado, también es motivo de alegría que se estén dictando las primeras sentencias condenatorias destinadas a castigar las conductas tipificadas en el artículo 319 y siguientes del Código Penal.

En segundo lugar, y con independencia de las construcciones de vivienda aislada en suelo no urbanizable, lo que nos ha preocupado y nos preocupa seriamente es la situación en que se encuentran las urbanizaciones ilegales en Andalucía.

Se trata de un fenómeno que en la actualidad, afortunadamente, está lejos de representar la virulencia que tuvo en los años 80 pero que, en cualquier caso, plantea un doble reto: por un lado, exigir respuestas más contundentes a las administraciones; contundentes con respecto a las nuevas parcelas y las ilegales que se proyectan y de otro, asumir no obstante, la extraordinaria dificultad que conlleva la regularización de las ya existentes.

No se puede olvidar que en Andalucía hay más de 1.000 urbanizaciones ilegales en las que, en periodos vacacionales, llegan a residir 400.000 personas.

Siguiendo el tema de las parcelaciones ilegales, hemos mantenido reuniones con notarios y con registradores que son clave en todo este proceso.

También nos preocupan muy seriamente los procesos especulativos que se están realizando en nuestra Comunidad por más que posean respaldo legal, pues, tal vez, las mayores agresiones a nuestro suelo se están produciendo amparadas en la legislación urbanística vigente y en las preceptivas licencias de obra otorgadas para poder ejecutar los proyectos.

Por esto, no podemos olvidar que la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio, como decisión pública supramunicipal a la que debe quedar vinculada la previsión urbanística contenida en el PGOU, es hoy más necesaria que nunca.

Espero que estas Jornadas sirvan para transmitir a toda la población una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger y preservar un territorio que debemos de entregar en las mejores condiciones posibles; y que al mismo tiempo suponga un encuentro que facilite la información y el conocimiento sobre técnicas e instrumentos al servicio de la tutela de unos valores naturales y patrimoniales.

 

LA URBANIZACIÓN ILEGAL EN EL ESPACIO RURAL ANDALUZ:

EL PROBLEMA DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS

   D. Carlos Girón

   Asesor Jefe del Área de Urbanismo y Transporte de la Oficina del Defensor

Durante siglos, la presencia de algunas pequeñas viviendas aisladas que salpicaban nuestro territorio ha formado parte de la imagen colectiva que todos poseemos del paisaje andaluz.

Hoy, la situación ha cambiado drásticamente ya que proliferan, sin cesar, inmuebles construidos sin licencias de obras para ser destinados a segunda residencia. Hecho éste que, dada su cotidianidad, amenaza y destruye nuestro paisaje, sin que los agresores hayan mostrado el más mínimo respeto por las prescripciones de la legislación urbanística y del derecho penal.

Hace unos días, se cumplieron 50 años desde que se aprobó la primera Ley del Suelo en nuestro país, concretamente, la Ley del Suelo de Ordenación Urbana, de 12 de Mayo de 1956, desde entonces, hasta ahora, las agresiones en nuestro espacio rural han sido continuas sin que, ni la sociedad haya mostrado una sensibilidad a la hora de exigir de los poderes públicos la tutela de nuestro territorio y sin que, éstos hayan mostrado una voluntad de por si mismo ejercer una protección, a la que legalmente estaban obligados, a desplegar en aras a conservar los recursos naturales inherentes a esta tipología de suelo.

En los años 80, nuestra nación y, concretamente, nuestra Comunidad Autónoma sufrió un sinfín de agresiones a través de los procesos de urbanización ilegal que salpicaron nuestro territorio y, de manera muy singular, en los espacios cercanos al litoral, en lugares de montaña de singular valor paisajístico y ambiental y en espacios cercanos a los grandes núcleos urbanos.

Los daños ecológicos, el impacto visual, los efectos nocivos sobre el trazado de las infraestructuras, las dificultades en el acceso a determinados servicios públicos y sociales, los obstáculos para la prestación in situ de los servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios, o los riesgos en el ámbito de la salud pública, constituye todo un muestrario de los efectos que estas intervenciones, en nuestro territorio, han tenido y aun poseen, como consecuencia de actuaciones que hoy podemos calificar de antisociales de muchos promotores y la pasividad cuando no connivencia, hay omisiones difíciles de justificar, de quienes tenían que haber velado por nuestro suelo.

A partir de los años 90, las parcelaciones ilegales, aunque continúan ejecutándose, han pasado a tener, salvo excepciones en algunos municipios, una mayor entidad. En la actualidad el tipo de agresión más común en el suelo no urbanizable lo constituye la ejecución de obras y edificaciones ilegales y aisladas en el suelo no urbanizable.

Se trata de viviendas, de primera o segunda residencia, que con los medios actuales se pueden ejecutar en un espacio de tiempo muy pequeño, que dejan sin capacidad de reacción a unos Ayuntamientos que, dicho sea de paso, tampoco muestran excesivo interés, mas allá de las declaraciones formales en hacerse presente para detener estas graves infracciones urbanísticas.

Las consecuencias de todo ello las sabemos, no son muy diferentes de los procesos urbanísticos a los que hemos mencionado anteriormente, pero e incluso suponen un agravante pues, en vez de concentrarse toda la construcción ilegal en puntos determinados del territorio generando núcleo de población cuya regularización, en la mayoría de los casos, puede ser asumida por el Ayuntamiento, van colmatando, poco a poco, extensiones extraordinarias de territorios hasta hace poco vírgenes y cuya recuperación total, en términos de lo que sería una deseable protección de nuestros recursos naturales, va a ser radicalmente imposible.

La necesidad de que la sociedad afronte esta problemática y se detengan estos procesos que, están hipotecando nuestro futuro y el de generaciones venideras, es urgente y demanda de los poderes públicos que dejen de mirar para otro lado y utilicen todos los recursos legales para impedir este tipo de actuaciones.

Como conocen, ejecutar una edificación sin licencia en el espacio rural constituye en la actualidad un delito tipificado en el art. 319 del Código Penal, por lo que las administraciones y, singularmente, los Ayuntamientos tienen la obligación legal de, cuando tengan conocimiento de hechos de esta naturaleza, enviar la oportuna información a las autoridades judiciales. Es más, en el supuesto de que los jueces y tribunales estimen que la conducta no es constitutiva de delito eso, no excluye que, si se ha producido presuntamente una infracción administrativa en principio toda obra o edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a ella lo es, los representantes de los Ayuntamientos deban perseguir estas acciones para imponer las multas que procedan y, en su caso, ordenar la demolición de lo indebidamente construido. Ello, lógicamente, respetando los hechos probados en la sentencia penal. Y es que una cosa es que, a veces, la actuación de los particulares, por no reunir todos los elementos del tipo penal, no sean delictivas y otra muy distinta el que por tal circunstancia dejen de ser una infracción urbanística.

Por tanto, existen instrumentos legales en el ámbito penal y urbanístico y responsabilidades muy directas de los poderes públicos para perseguir este tipo de actuaciones. Además, con la conciencia social que existe sobre la gravedad de las mismas, no caben excusas de ninguna naturaleza para seguir considerando como clandestinas, actuaciones delictivas o al menos ilegales que, por implicar algún tipo de edificación, saltan a la vista.

En todo caso, desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y en colaboración con la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, se están llevando a cabo una serie de actuaciones tendentes a recordar y fomentar el que exista una mayor sensibilidad hacia esta problemática y la necesidad de reaccionar frente a la misma ante, entre otros entes públicos, los más de 700 Ayuntamientos de Andalucía, los Colegios de Notarios y Registradores de Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, etc.

Esperamos y deseamos que la construcción de viviendas ilegales en el espacio rural andaluz pase a ser un problema del pasado y que todos asumamos las consecuencias de vivir en un estado de derecho, como el que configura nuestra CE en el art. 1, lo que significa que todos, sociedad y poderes públicos, estamos vinculados por la Constitución y la Ley y, consecuentemente, asumimos la obligación de observar y cumplir sus normas.

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