EL CAMPO DE CONIL:

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

  D. Antonio Santos

  Coordinador de la Asociación La Laja

  ¿Cuál es la posición de las Administraciones públicas sobre el grave problema de las urbanizaciones ilegales?. La posición general de la Consejería es favorable a la regularización (en los casos en que ésta sea posible), en el marco de los Planes Generales municipales, flexibilizando las condiciones actuales. 

   La misma posición mantiene la Diputación de Cádiz. A juicio de ésta, el proceso a seguir debe consistir en realizar “estudios pormenorizados”, con delimitación del área, diagnóstico de sus causas, situación actual y diálogo con los propietarios. El resultado de dicho proceso debiera ser la firma de convenios (que impliquen a los propietarios) y que queden plasmarlos en una modificación puntual del planeamiento. Propone además la creación de una policía urbanística especializada e independiente de los Ayuntamientos, capaz de luchar contra las graves consecuencias sociales y medioambientales del fenómeno, “sin menoscabo de la autonomía municipal”, ni del control sobre el planeamiento, la gestión urbanística y la concesión de licencias. Es partidaria de realizar campañas de información y concienciación, ejercer una disciplina urbanística firme (unida a la construcción pública de viviendas, para evitar ilegalidad y abaratar los costes de adquisición de vivienda) y “dureza” contra especuladores. Los Ayuntamientos son mayoritariamente partidarios también de la regularización (ver Laja 6).

   Desde LA LAJA no podemos quedarnos en la crítica del planeamiento y de la gestión urbanística, sino esbozar también propuestas de solución para Conil. El único objetivo que nos mueve al realizarlas es conseguir un espacio rural más ordenado y sostenible. Desde nuestro punto de vista, y siguiendo las sugerencias y recomendaciones dadas por el Defensor del Pueblo, las soluciones al problema de Conil pasan necesariamente por cuatro supuestos: 

         -La ordenación de Barrio Nuevo-El Colorado

         -El Plan Especial del Diseminado Rural en Suelo No Urbanizable

         -Una disciplina urbanística rigurosa y comprometida con la legalidad

         -El Deslinde completo del Monte Público de la Dehesa de Roche

 4a. Ordenación de Barrio Nuevo-El Colorado

 La antigua colonia agrícola de Barrio Nuevo ha cumplido recientemente 80 años, sin que nadie lo recuerde. Barrio Nuevo-El Colorado está calificado en el PGOU como “suelo urbano”, pero sus dotaciones son mínimas (aparte los colegios, el puesto de salud y el reciente Salón Multiusos), no están hechas las cesiones de suelo y el  núcleo rural sigue careciendo de los más elementales servicios (agua, saneamiento) e infraestructuras (deficiente viario y falta de alumbrado).

   El Texto Refundido del PGOU define dicho núcleo como de “uso residencial rural” para  vivienda habitual, prohibiendo de manera expresa la 2ª residencia, pero ésta no cesa de crecer, anárquicamente. Por todas partes proliferan casas y chalets, sin orden ni concierto, con tipologías muy diversas, densificando cada vez más el espacio... ¿No está calificado Barrio Nuevo como “área de ordenanza”?. Es preciso frenar la construcción ilegal, fijar normas de edificación y ejercer la disciplina. La reciente construcción (esta vez legal) de las “feas” urbanizaciones residenciales del otro lado de CN-340, sobre terrenos inundables, ha puesto la guinda al pastel del caos. Ordenar el “espacio rururbano” de Barrio Nuevo-El Colorado es prioritario. Un mandato del PGOU y una medida de salud pública: agua potable, alcantarillado,... Ahora está llegando el agua potable a algunos sitios, pero el problema de la falta de saneamientos es muy acuciante (fosas o pozos negros, acuífero contaminado). Otro problema es la falta de iluminación, que se traduce en falta de seguridad y tráfico de drogas.  

   Sin duda, la prevista mejora de la carretera de Barrio Nuevo es muy importante. Este núcleo es, en buena medida, un “pueblo calle”, cuya vida gira en torno a este viario de más de 2 km que va a servir de conexión entre la CN-340 y la Autovía en construcción. Es preciso ensanchar la carretera, dotarla de arcenes y acerado, que den una mínima seguridad al tránsito de peatones, de iluminación...  La zona  de la Asociación de Vecinos “Campo de Conil” y algunas otras que deben adquirirse han de dotarse de equipamiento urbano (mobiliario, arbolado y ajardinamiento, espacios libres de coches para pequeños y mayores, dotaciones deportivas y culturales). Sin duda, las Asociaciones deben colaborar en el proceso y pueden jugar un papel importante. Por otra parte están los viarios inadecuados: hay carriles asfaltados muy peligrosos, por su estrechez, y otros llenos de baches que se convierten en verdaderas lagunas, apenas llueve; por ambos resulta imposible transitar a los peatones. No es de extrañar la afición de los jóvenes por los coches y las motos. Lo único que Barrio Nuevo tiene de urbano es el asfalto.

   El PGOU permite actividades o servicios de interés general para demanda de dicho núcleo y de la carretera N-340, señalando que “deberán adoptarse medidas de protección de los aspectos medioambientales, de seguridad y salubridad pública”. Hasta ahora buena parte del esfuerzo se ha centrado en la zona comercial y de servicios de la CN-340, que aunque ha mejorado en seguridad, iluminación e higiene, es preciso seguir mejorando para convertirla en un espacio más rico y diverso, donde no solo haya tiendas, ventas y bares, sino también dotaciones recreativas, de esparcimiento o culturales. 

   Hay que concentrar el esfuerzo en el suelo urbano; Barrio Nuevo, pero también el Polígono industrial-terciario de La Lobita y aledaños, evitando los vertidos, los grandes movimientos de tierras y la anárquica proliferación de viviendas en su entorno. Pero esta es otra cuestión... en la que no entraremos ahora.

 4b. El Plan Especial del Diseminado en Suelo No Urbanizable 

  Según el Plan General y la Ley, son suelos no urbanizables los que tienen valor agrícola, forestal, ganadero, paisajístico y ecológico. Por acuerdo plenario de 29 de mayo de 2002, el Ayuntamiento de Conil decidió formular, en el plazo de 2 años, un PLAN ESPECIAL DEL DISEMINADO sobre terrenos donde haya una “pluralidad de edificaciones en suelo no urbanizable”, pero que “en ningún caso podrá extenderse a los suelos clasificados de especial protección forestal, paisajístico litoral o de cauces y arroyos”.  El Plan debería estar hecho desde hace ya más de un año, ¿qué ocurre?. ¿Se elaboró ya el SIG? ¿Qué están esperando: consolidar 15 núcleos en el campo para empezar a ejercer la disciplina?. Porque antes de iniciar "regularizaciones" hay que PARAR EL PROCESO.

  Sin duda, hay que plantearse el PROBLEMA DE LA REGULARIZACIÓN, pues la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, “si no es afrontada termina por general problemas graves” (DPA). Pero la regularización no debe convertirse en “punto y final”. En este sentido, LA LAJA, en consonancia con las directrices dadas por el Defensor del Pueblo, piensa lo siguiente:

 a)        ¿Qué hay que regularizar?: lo que sea “regularizable”, es decir, lo que no usurpe el patrimonio público; por tanto no todo es regularizable .

b)        ¿Cuándo?: sólo cuando haya prescrito la acción urbanística o penal. Es decir, “se regulariza lo que no es atacable por vía sancionadora, al haber prescrito la acción, pero no aquello frente a lo que existe toda una batería de normas por aplicar” (DPA).

c)        ¿Cómo regularizar?: reclasificando el suelo a través del planeamiento. Pero debe haber unas “condiciones mínimas” de regularización (dotaciones públicas e infraestructuras sobre cesiones de suelo).

d)        ¿Quién debe financiar el proceso?: los responsables. Ellos y no otros deben asumir los costes; pero ¿quiénes son los responsables del desorden? 

   La “regularización” es, sin duda, una cuestión delicada y “espinosa”. El responsable directo de las parcelaciones y edificaciones ilegales es quien las realiza, y no es ni justo ni equitativo que los costes de urbanización y las cesiones obligatorias sean asumidas por todos los vecinos del municipio, sino sufragados por los propietarios que “cometieron la infracción o se subrogaron en la situación del promotor o del anterior propietario que les vendió el inmueble”, es decir, la ilegalidad “no puede subsanarse sobre un criterio que fomente la especulación” (DPA). Las cargas urbanísticas deben pagarlas sus beneficiarios más directos. La gran mayoría de los municipios andaluces son partidarios también de que éstos asuman la conservación y mantenimiento de sus infraestructuras (el “plus” del coste, inasumible para los municipios). Para los vecinos en situación de precariedad, deben arbitrarse ayudas.

   Pero también los Ayuntamientos son “corresponsables” de la situación,  tanto por acción (licencias indebidas) como, sobre todo, por omisión, convirtiéndose, según el Defensor del Pueblo- en “cooperadores necesarios de la situación creada” (falta de disciplina urbanística), cuando no ha habido situaciones de “connivencia” con los infractores, pues las edificaciones ilegales están “a la vista” (flagrante vulneración de las normas). Ello los obliga a asumir parte de los costes derivados del proceso (redacción de la figura de planeamiento o conexiones con las infraestructuras propias de los sistemas generales). Por tanto, creemos que se impone la co-financiación. Así pues, el proceso debe ser costeado por los vecinos afectados, los Ayuntamiento y entes supra-locales (responsables últimos también).

 4c. Garantías de control: disciplina urbanística rigurosa

   Ningún municipio deberá abordar el proceso de regularización sin garantía previa de que por sí mismo, o en colaboración (Diputación, Junta), podrá hacer respetar la legalidad urbanística. De lo contrario, se conseguirá el efecto contrario, generando la creencia de que cualquier infracción, una vez prescrita, es susceptible de ser legalizada. Dicha imagen debe ser evitada a toda costa. ¿Quién vela por los recursos del subsuelo y los recursos hidráulicos, la salud colectiva o de los daños irreversibles al medio ambiente de todos? Hace falta, sin duda, una policía especializada, una verdadera Policía urbanística y ambiental, independiente de los municipios (SEPRONA ampliado, por ej), como reconocen ya muchos municipios.  

   Es preciso también sacar el Campo del “mercadeo político”. En este sentido, es preciso un esfuerzo de acuerdo entre los partidos, la firma de un Pacto local  por el Campo. La búsqueda y captura del voto “rural” no debe servir de coartada para seguir generando más tensiones y más demagogia sobre este tema. Cada vez que se ha iniciado en Conil (o en otros municipios) una tibia política de “contención” la Oposición salta a la palestra, criticando al que gobierna de ir contra los “pobres”. La pequeña política (intereses “partidistas”) se impone. A ella hay que sobreponer la “alta” política (verdadero problema “de pueblo” , lo importante) ¿Es esto posible?

   El nuevo Código Penal tipifica como delito contra la ordenación del territorio (art. 319.2, Ley de 1995) la conducta de los promotores, constructores o técnicos, pero ¿está contemplada la autoconstrucción, la parcelación especulativa (delito en grado de tentativa), o la posible comisión por omisión de la Administración en el ejercicio de sus competencias?. ¿Por qué no se producen sentencias condenatorias? No existe voluntad de denunciar por parte de la Administración ¿ni de aplicar el Código por los jueces? Esto es “inasumible en un Estado de Derecho” –se lamenta el Defensor del Pueblo Andaluz. Y es que la mayoría de los Ayuntamientos andaluces o de sus responsables municipales electos (volvemos a los “votos”) no valoran estas conductas como delictivas e “interpretan” al legislador... Desde LA LAJA creemos que hay que aplicar las normas de derecho y ejecutar las sentencias también en esto. Ya lo están diciendo magistrados y juristas de prestigio y lo solicita el Defensor del Pueblo Andaluz. Si la legislación no sirve habrá que plantearse introducir cambios, entre ellos la obligatoriedad de colaboración de notarios y registradores con los Ayuntamientos (hoy los notarios autorizan y los registradores inscriben si no hay expediente abierto). Es preciso también implicar a las compañías suministradoras, cajas y bancos en el mantenimiento de las legalidad urbanística, por Ley.

   Cada vez mayor número de ciudadanos demandan una protección efectiva del medio ambiente (derecho reconocido en nuestra Constitución). Las construcciones ilegales seleccionan a menudo espacios de alto valor ecológico (bosques, suelos con recursos hidráulicos, etc) y paisajístico (vistas al mar o a la campiña...). El litoral está sufriendo “una hecatombe ecológica” y no se observan cambios. Costas cuida o se preocupa como mucho de los 100 primeros metros.

   4d. Deslinde completo del Monte Público Dehesa de Roche

   Decíamos más arriba que no todo es regularizable, por razonas diversas: su ubicación, el impacto ambiental que genera, su extensión, características edificatorias, etc. En estos casos habrá que “proceder a la demolición de lo edificado” (DPA). ¿Quién cuida de vías pecuarias y otros espacios públicos (montes, cauces...)?. La dejación de funciones ha constituido sin duda un atractivo y un “caldo de cultivo” para la ocupación ilegal y posterior edificación de estos espacios, ante la deficiente defensa del patrimonio público que han realizado las Administraciones, creando un “clima favorable a la infracción” (DPA).

   En el caso de Conil, el Monte Público de la Dehesa de Roche entra de lleno en esta problemática. En nuestro Boletín nº 5 denunciamos el deslinde “parcial” del Monte Público que se ha realizado recientemente. Sólo se  deslindó El Pinar (unas 400 Has), renunciando de hecho al resto del Monte (unas 600 Has). Hay que recordar aquí que con pinos o sin ellos, las 1.000 Has de Monte Público son un Patrimonio común de todos los conileños, que no puede dejarse en manos de los “enclavados” históricos (que los hay) ni de los especuladores del presente.

   Hoy el Monte Público se parcela y se vende en promociones, lo que es especialmente lamentable. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para defenderlo? Nada, o peor que nada: está asfaltando carriles forestales (Pilahito, Chana, Puente de Tabla, el Maestro, colada de la Venta, carril del Scheriff...), proporcionando infraestructura viaria a las casas (muchas de ellas recientes y/o en construcción) sobre terrenos de Utilidad Pública. El resultado de esta política “clientelar” es que Roche, el “pulmón de Conil”, desaparece. Se está haciendo una inaceptable renuncia al mantenimiento del carácter público de este espacio rústico y forestal, no urbanizable, en beneficio de unos pocos. ¿Por qué? Ya lo dijimos: los “votos” (la “pequeña” política local, el “no enfrentarse con nadie”).

   Los enclavados históricos o los propietarios actuales de estas tierras no tienen ningún  derecho a hacer con el Monte lo que les venga en gana. No se puede confundir Pinar (a “proteger”) y Monte (que se “regala”, como Las Parcelas). Esta manera de “privatizar” el patrimonio público resulta inaceptable. El Monte debe conservar su carácter en su integridad territorial, y por tanto es urgente proceder a su “completo” deslinde. Después, habrá que estudiar, caso a caso, la situación legal de sus numerosos “enclavados” y las situaciones de ilegalidad (parcelaciones ilegales, negocios hoteleros y de turismo “rural”, construcción para alquiler o especulativa), ponderando los intereses en juego y decidir, cuando proceda, “la regularización, previa desafectación de estos bienes” o “su recuperación de oficio” (principio de imprescriptibilidad) con las consiguientes demoliciones. Si han prescrito las acciones, “habrá que iniciar procesos de responsabilidad patrimonial. Tal sería el caso de los terrenos que poseen un alto valor ecológico y/o paisajístico”. Pero, como dice el DPA, “lo que no es de recibo es que no se ejerza ningún tipo de iniciativa pública ante tales usurpaciones”.  

   Sin duda las situaciones de precariedad exigen un tratamiento diferenciado (bolsas de infravivienda de “primera y única residencia”, que van generando informales núcleos de población). Estos colectivos marginales demandan soluciones y mejoras. Para ellos habrá que prever y arbitrar un régimen de ayudas, que les garantice el derecho a una vivienda digna (viviendas sociales en el campo, en alquiler y venta, o traslado de la población a zonas residenciales donde se construyan viviendas sociales).

   La Plataforma de Asociaciones del Campo ha realizado ya dos movilizaciones en defensa del Pinar pidiendo su limpieza (basuras, escombreras, muebles tirados en las cunetas...) y tratamientos selvícolas adecuados (poda y entresaca...). Hay miedo a posibles incendios. Pero la suciedad y el peligro de incendio tienen una causa última: la creciente presión sobre el Monte Público que ejercen los centenares de viviendas construidas en su interior y en sus márgenes, que le van dando ese tono “residencial y de negocio”, lo que es INADMISIBLE. El papel de las Asociaciones en la toma de conciencia del problema es grande, dado el “abandono a su suerte” que sufre el Campo por parte de los responsables públicos (y MOTIVO ÚLTIMO DE LAS III JORNADAS).

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